Vacunas ¿eficaces y seguras?

El Ministerio de Sanidad ha reconocido oficialmente que no tiene constancia de grupos antivacunas ni tiene ningún registro o control de grupos antivacunas en España. Resulta patente que cuando funcionarios y periodistas se refieren a antivacunas lo hacen como insulto, desprecio o escarnio y no como reflejo de una realidad.

De hecho, los críticos y auténticamente escépticos de las vacunas, no son antivacunas sino personas preocupadas por su seguridad. Algunas personas denominadas antivacunas han visto a un hijo, familiar o conocido sufrir autismo, daños neurológicos, enfermedades autoinmunes o alergias inmediatamente después de una tanda de vacunas… y es normal que se planteen preguntas y que surjan miedos.

Yo sí, soy antivacunas. Como jurista, porque no se garantiza la mínima información necesaria para alcanzar un consentimiento válido, y como enfermero, porque junto con las vacunas se inyectan sustancias que en ningún caso deberían inyectarse bajo ninguna circunstancia. Durante años vacuné a muchas personas sin ser consciente de lo repugnante que es lo que les estaba inyectando, y eso me ha convertido en antivacunas (hablo en concreto del uso de células fetales y animales para cultivos y que dejan restos de ADN en cada vacuna y sustancias que nadie pondría en un alimento, como el glutaraldehido, el formaldehido, el aluminio o el mercurio).

La Ministra, por razones «políticas» está a favor de las vacunas. Este viernes pasado participó en un programa de televisión de la cadena más globalista, internacionalista y estatista de España. El presentador cataloga a la Ministra como «la máxima autoridad en sanidad del Reino de España», y creo que el periodista desconoce los conceptos que usa. Autoridad política… puede, pero una médico que ha ejercido 5 años y lleva sin ponerse una bata más de 20, no puede considerarse una autoridad científica.

No obstante la Ministra hace manifestaciones como las siguientes:

«La verdad, de verdad, sinceramente, con el corazón en la mano, son buenas las vacunas y no es que lo diga yo, es que existe sobradísima evidencia que lo demuestra. Las vacunas evitan entre dos y tres millones de muertes al año en el mundo».
«Usted necesita una vacuna contra la ignorancia, para que seleccione bien las páginas donde acude y se informe correctamente»
«Lo peor no es que haya esas creencias, lo peor es cuando lo llevan a la práctica algunas personas, o recomiendan a otros padres que no vacunen a sus niños».
«Cuando se deja de vacunar a los niños, ahí está el problema».
«Porque además los niños son sujetos de derecho propio y tienen derecho a la protección de su salud».
«La información siempre cura. De todo»

A comienzos de 2019 requerimos al Gabinete de la Ministra que nos aportase documentación epidemiológica, técnica, científica y económica sobre las 250 vacunas distintas que se comercializan en España. Hicimos el esfuerzo de identificar una por una cada vacuna, productora y comercializadora, en una solicitud de información completa, exhaustiva y sistemática para aclarar cualquier duda de padres, pacientes y consumidores de todo tipo.

Entendíamos que si tan claro era que las vacunas son seguras y eficaces, y que la posición de los «antivacunas» era tan absurda, obtener toda esta información ordenada no podía ser un reto para el gabinete de la Ministra. Si hay tantas evidencias de lo que dice, ningún esfuerzo le costará ordenarlo todo y enviarlo para corrección de «antivacunas».

La sospecha no tardó en confirmarse. La Ministra tiene este año 2019 unos 100.000€ para gastarlos en una campaña de promoción de las vacunas y más de un millón para una infantil y absurda campaña contra las terapias naturales, pero no tiene recursos para contestar a los ciudadanos cuando solicitan información.

En nuestra solicitud advertimos que de no obtener respuesta acudiríamos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero la advertencia se la pasaron por donde siempre. En una ocasión anterior contestaron que «no damos información a consumidores ni a asociaciones«. Ver para creer.

Y no contestaron, y presentamos reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que se puso en contacto con el Ministerio para pedir contestación. A pesar de ello, el Ministerio presentó alegaciones y respuesta al CTBG, pero no a los solicitantes. No obstante, las excusas y respuestas que dio el Ministerio fueron contestadas por nosotros. No estaban contestando ninguna de las cuestiones que habíamos planteado.

El CTBG termina resolviendo (ver pdf), reconociendo todas y cada una de nuestras pretensiones y emplazando al Ministerio para que convoque a las farmacéuticas para presentar alegaciones.

La respuesta del Ministerio no se hará esperar: presentarán demanda ante el Juzgado Central de lo Contencioso de la Audiencia Nacional instando medidas cautelares, inaudita parte y demandando al CTBG y a este letrado. En la demanda plantearán a través de la Abogacía del Estado alguna excepción por la que se haga imposible cumplir con la resolución y entregar la información, y el Juzgado Central nos toreará durante unos meses para dejar todo en tablas. Ya hemos pasado por eso y no nos preocupa. Seguiremos hasta conseguir la información pedida.

La Ministra anti-guarderías y anti-libertades debería hacérselo mirar.

No puede decir que las vacunas son buenas y seguras si no tiene información que dar a los ciudadanos. Ni puede decir que hay abundantes evidencias cuando esas evidencias no están disponibles para los ciudadanos -expertos o no- que valoren si de verdad hay o no evidencias.

La Ministra no puede hablar de «vacunas contra la ignorancia» ni en tono de broma. Entre otras cosas porque la ignorancia es un defecto moral como la corrupción o la estupidez, y si es el caso, sería preferible vacunar antes a los políticos con esta triple vírica -ignorancia, corrupción, estupidez-, y quizás así nos podríamos ahorrar eternas crisis de gobierno, despropósitos y desatinos.

La Ministra no puede decir qué creencias son buenas y cuáles son malas. Cuáles se pueden poner en práctica y cuáles no. La Ministra debe trabajar en base a datos y transparencia, y no cual inquisidora o guardiana de ninguna fe, en este caso la fe cientifista que se ha asentado en nuestro Gobierno y que no deja de ser una fe y una ideología política más.

La Ministra no puede decir que cuando se deja de vacunar a los niños es cuando empieza el problema, pues no tiene dato alguno para afirmar eso. No sabemos cuantos niños se benefician de las vacunas, pues no hemos recibido ni un solo informe sobre ello. Lo que si sabemos es una estimación de los niños que son gravemente perjudicados por las vacunas (1 de cada 10.000 dicen las fichas técnicas), que son 790 niños al año, pero como la farmacovigilancia en España es interesadamente opaca, la Ministra no tiene datos que ofrecernos salvo eso sí, mucha propaganda barata.

Sí que es verdad que los niños son sujetos de derecho propio. Lo que no es en ningún caso cierto es que el Estado ostente legitimación alguna para «proteger» «motu proprio» a los niños como le de la gana y al margen del niño y sus padres, o al margen de un procedimiento con garantías. El niño tiene derecho a la protección de la salud y esto pasa principal y fundamentalmente por respetar de manera reforzada los derechos de los niños como pacientes.

Derecho a la información completa y adaptada a su edad, de las enfermedades y de las vacunas y sus consecuencias y riesgos REALES.
Derecho a ser escuchados de forma activa independientemente de su edad, por sí mismos o a través de sus padres cuando no pueden expresarse.
Derecho a ser asistidos en todo momento por quienes ellos designen y en cualquier caso por sus padres.
Derecho a que se respete a la familia, los valores propios y la autoridad familiar frente a presiones externas.
Derecho a participar en el diseño terapéutico o de cuidados de salud.
Derecho al consentimiento informado que podrán cancelar en cualquier momento sin alegar causa.
Derecho a que se vele por el interés superior del menor, que es un concepto doctrinal claro y determinado y no permite que los estados se arroguen el derecho a decidir por el menor lo que les plazca, ni a imponer medidas o soluciones caprichosas o arbitrarias.
Derecho a que el Estado asuma su responsabilidad y garantice una asistencia de calidad y con seguridad, y a que el Estado se responsabilice por los daños que cause la atención sanitaria.
Derecho a que en caso de abandono o riesgo, la administración siga un procedimiento legal y con garantías de sustitución de la guarda y custodia, evitando respuestas automáticas y sumarísimas y dejando la guarda a través de los servicios sociales como una última ratio. De lo contrario esa técnica no se llama «protección del menor» sino «secuestro médico» (medical kidnaping).

Sí que es cierto que la información lo cura todo. Y la Ministra tiene 15 días para demostrar que cree en lo que dice, convocar a la industria y entregar toda la documentación que hemos pedido. Va en ello su credibilidad y la de las vacunas, y sería bueno que evitasen usar los tribunales y volver a argumentar como en otras ocasiones eso de «la obligación del Ministerio es velar por los intereses mercantiles de las farmacéuticas», pues sin información pública, completa y veraz, las vacunas no dejan de ser una pseudociencia basada en intereses políticos y económicos y no una ciencia de datos contrastables y falsables.

CUANDO EL ESTADO IMPONGA LAS VACUNAS OBLIGATORIAS POR EL INTERÉS COMÚN ¿QUE EVITARÁ QUE IMPONGA CUALQUIER OTRA COSA POR LA MISMA RAZÓN?

Por cierto: ninguna vacuna es probada en estudios doble ciego aleatorizado, ni los excipientes siguen un test de seguridad, ni se han probado en embarazadas ni se ha comprobado efecto cancerígeno en laboratorio. Y sí, distintos estudios científicos demuestran que suponen un riesgo, que los niños vacunados tienen mayor incidencia de mortalidad y enfermedades crónicas incluido el autismo.

Luis de Miguel Ortega
Asesoría legal

FUENTE: Con Sentimiento Informado: octubre 07, 2019